Artur Mas

Dos postales de las dos Cataluñas

postales-Catalunas_79002292_171017_1706x1280 Muchos cuestionan que la sociedad catalana esté “fracturada”, pero nadie duda de que hay tantos partidarios como detractores de la independencia. El último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, publicado este viernes, no deja lugar a dudas: en un hipotético referéndum el 47,8% de los catalanes votaría ‘no’ a la independencia. El 46,7%, en cambio, apoyaría la secesión. “Es verdaderamente un empate técnico ya que el margen de error es del 2,69%”, ha dicho Jordi Argelaguet, director del estudio.

Las preguntas de la encuesta se realizaron entre el 5 y el 27 de octubre, tras las elecciones del 27-S y en plena negociación entre Junts Pel Sí y la CUP. El independentismo crece respecto a la anterior encuesta, publicada el pasado junio, en casi todos los parámetros. Tanto en las preguntas sobre qué modelo de estado prefieren los catalanes como en el nivel de apoyo a los partidos independentistas. Un 30,2% cree que la tensión entre Cataluña y España es uno de sus principales problemas (en junio era el 21,3%) y el 43,4% cree que los catalanes vivirían mejor en un Estado independiente. El 30,8% lo rechaza.

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La lengua y el disfraz de pobre

Cuando mi abuela y su familia, que supongo que es la mía, llegaron a Barcelona fueron a vivir junto a otros murcianos a los barrios habilitados por el Patronato Municipal de la Habitación, en unas construcciones sin planificación ni lustre ubicadas en las afueras de la ciudad. Corrían los años 30. Luego Consuelo, que así se llamaba mi abuela, se casó y vivió toda su vida en las Viviendas del Gobernador, otro “exitazo” de la vivienda social ubicado en lo que luego se conocería como el distrito de Nou Barris, el mismo que hace una semana formaba parte del cinturón rojo por ser feudo socialista y que ahora ha desteñido hasta volverse naranja.

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Catalanes de usar y olvidar

En la campaña de las elecciones catalanas de 2006, Artur Mas resumió en 21 puntos sus “compromisos con Cataluña” y los firmó ante notario. Entre las promesas de aquella campaña estaba el carné de catalanidad por puntos, una propuesta que le valió las críticas de sus oponentes. José Montilla, candidato del PSC, dijo que Mas se comportaba al más puro “estilo Berlusconi”; Josep Piqué, del PP, que pretendía establecer catalanes de primera y de segunda, y UGT habló de medida “discriminatoria e inconstitucional.” Joan Saura, líder de ICV, la tachó de “barbaridad descomunal”, y Josep-Lluís Carod-Rovira, entonces candidato de ERC, la catalogó de “hipócrita y poco seria”. Este último partido y algunos miembros de ICV van hoy en la misma lista de Mas y han elaborado un programa en el que apenas mencionan la inmigración, asunto que para el resto de formaciones tampoco parece prioritario.

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“A Badia solo vienes si tienes familia”

Dieciocho kilómetros separan la renta familiar más alta de España de la más baja de Cataluña. La primera está en Matadepera y la segunda, en Badia del Vallès, que tiene poco y gasta lo justo. Según el Ministerio de Economía y Hacienda, la deuda municipal no llega al millón y medio de euros, cifra muy alejada de las de pueblos catalanes con una población parecida. Algunos ejemplos son La Seu d’Urgell, con una deuda de más de once millones y medio; Santa Coloma de Farners, con 8.367.000 de euros, o Cunit, que acumula más de 32 millones. “Nos ceñimos a lo que tenemos pero eso implica que no puedo ni cambiar las farolas”. Habla Eva Menor, alcaldesa socialista de Badia, refiriéndose a lo que puede verse en cuanto el autobús entra a esta localidad situada a 20 kilómetros de Barcelona: que calles, equipamientos y bloques precisan limpieza, obra y pintura.

Badia es un territorio de apenas un kilómetro cuadrado sin encantos aparentes que cuando sale en las noticias lo hace en la sección de sucesos, algo que molesta a sus vecinos, o en la de deportes: Carlos y Sergio Busquets, padre e hijo, exjugador y jugador del Barça, respectivamente, son badienses. Pero la noticia más importante del año pasó casi desapercibida. Sucedió el 22 de julio, cuando el consistorio firmó un acuerdo de financiación con la Generalitat por el que Badia recibirá tres millones de euros anuales durante cuatro años con los que pagar parte de los servicios que da a sus ciudadanos. Se firmó con carácter de urgencia en el último pleno del Parlament, antes de que Artur Mas firmara el decreto de disolución del mismo para convocar las elecciones del 27 de septiembre.

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