Amnistía denuncia atropellos en los centros de acogida de menores

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“Si vuelvo, me mato”. Este es el título del informe que ha presentado hoy la oenegé Amnistía Internacional sobre la situación de los centros de internamiento de menores. Para elaborarlo, la entidad se ha entrevistado con 19 menores, 20 familiares y 22 educadores que han explicado las condiciones en las que viven los internos en los centros de Andalucía, Madrid y Cataluña. En estas comunidades se concentra el 55% de los menores ingresados en España.

“Son sometidos a castigos, se les ata, se les amordaza y se les ingresa en celdas de aislamiento y reciben medicación forzada, sin que se investiguen estas situaciones”, ha informado Esteban Beltrán, director de la oengé en España. La investigación se ha llevado a cabo durante los meses de verano de este año y sigue la pista del informe del Defensor del Pueblo de 2009 sobre esta misma cuestión pero poniendo nombres a los centros y cara a los testimonios.

Irregularidades en el procedimiento de ingreso

Una de la cosas que se denuncia en el documento hecho público hoy es la arbitrariedad en los procedimientos empleados para determinar el ingreso de los menores en estos centros. “Hay dos vías de entrada a un centro: una es que un menor quede desamparado y el Estado asuma su tutela. La otra es que los padres no tengan manera de educar al hijo por problemas de conducta y opten por ingresarlo en uno de estos centros”, explica Célia Ramon, portavoz de la oenegé. El problema se presenta con los menores tutelados que son cambiados de centro sin que quede constancia en un juzgado, según AI. En este sentido ya hablaba el informe del Defensor del Pueblo presentado en febrero de 2009: “En general, las administraciones consideran que, al tener asignada la tutela, pueden derivar a los menores al centro que estimen como más adecuado”.

Otra de las cuestiones importantes y que está vinculada a la cuestión legal es la del diagnóstico médico de los internos. El defensor del pueblo decía en febrero: “La evidente dificultad de delimitar el perfil  de determinadas patologías psíquicas nos lleva a plantear la convivencia de recabar la autorización judicial para el ingreso de todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limtiación de los derechos de los menores de acuerdo con su edad”. La investigación de AI determina que nada de esto ha cambiado y que el diagnóstico en muchos casos, nunca llega. “Nos encontramos con casos en los que nunca se hace una evaluación del menor y eso es especialmente grave teniendo en cuenta que a la mayoría se les medica aunque no se sabe exactamente para qué”, explica Célia Ramon.

Escasa colaboración de las administraciones

Factual ha contactado con el defensor del Pueblo de Andalucía, que también es el defensor del Menor en la comunidad. “Nosotros hacemos controles semanales y no hemos visto nada parecido a lo que se explica en el informe”, ha declarado José Chamizo que ha añadido que “la información diaria que pasa la Fiscalía indica que este año no ha habido ninguna denuncia en este sentido”. A este comentario ha contestado la portavoz de AI diciendo que “cuando los menores explican su situación la encuentran normal porque es lo que han vivido casi toda su vida”, ha dicho Célia Ramon, que ha querido puntualizar que cuando la gente acude a su organización y no directamente a la justicia es porque se trata de situaciones en las que los afectados se encuentran “absolutamente” desamparados.

Célia Ramon ha comentado la escasa colaboración que han tenido por parte de las administraciones. “Sólo Andalucía nos ha permitido entrar en un centro en Córdoba y fue de forma guiada. Luego nos denegó los permisos para visitar otras instalaciones”, ha explicado Ramon. La Comunidad de Madrid no permitió ninguna visita y en el caso de la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat catalana (DGAIA), ni siquiera han contestado a las comunicaciones enviadas por AI. “Aún esperamos que contesten a nuestras peticiones o nos digan que harán algo al respecto”, han explicado los responsables de la oenegé.

Factual ha llamado a la DGAIA, que se ha negado a hacer declaraciones sobre el caso y se ha limitado a enviar un comunicado de prensa en el que dice que el informe de AI es “demagógico” y está “tergiversado”. “En ninguna de las inspecciones se ha producido ninguna queja por parte de ningún menor”, concluye el documento. En la misma línea ha contestado el Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid: “Estos centros cuentan con un sistema de inspección propio y la supervisión constante de la Fiscalía”, reza el comunicado que acusa a Amnistía Internacional: “Si los hechos fueran de la gravedad indicada la ONGE no hubiese esperado a la redacción de un informe y hubiese puesto en conocimiento de la Justicia las irregularidades”.

AI ha anunciado que iniciará protestas en las tres comunidades a las que hace referencia el informe y anima a las personas a denunciar ante la Justicia los hechos vividos en estos centros de internamiento.


Las voces del informe

“No puedes ni ponerte un támpax sin que te estén vigilando”

“Te tratan como un loco, te enloquecen con sus normas, no tienes nunca intimidad, no puedes pensar, todo está prohibido y si no, se lo inventan y lo prohíben para ti. Te vigilan en la ducha, te dan la cantidad de papel de váter establecida para cada necesidad y te vigilan mientras controlan el tiempo pactado que puedes estar en el baño sin puertas, o el tiempo y toques de agua para lavarte la cabeza, para ducharte, no puedes ni ponerte un tampax sin que te estén vigilando”.

Eso cuenta Aránzazu Cerdán, de 19 años, y que lleva toda la vida de centro en centro desde que a los 18 meses, fue entregada por su abuela a uno en Granada. Cuando la niña tenía 6 años, la abuela se la llevó a Cataluña, y allí siguió de centro en centro. A los 16 años y tras la huida del centro terapéutico Can Rubió, Aránzazu contó a Amnistía Internacional, que los Mossos de Escuadra aparecieron en su casa, tiraron la puerta abajo y la llevaron a la fiscalía, que ordenó su ingreso en el centro de Font Fregona (Barcelona).

“Sin la mordaza, se me caía la baba”

“En el centro pasé días atada a una silla, con mordaza; sin ella se me caía la baba. Tenía el cuello doblado y la cabeza caída. También estuve en la celda de aislamiento atada a la cama donde además me pinchaban y pasaba al menos 3 días con los ojos vueltos”. El centro era el Dulce Nombre de María, en Málaga, donde Sara Casas Hernández, que hoy cuenta 25 años, denuncia que fue sometida a medicación forzada y constante, que nunca supo su diagnóstico y que pasó días atada y aislada.

Con 6 años, ella y sus hermanos, de 5 y 10, fueron ingresados por desamparo en un centro de protección en Cataluña. A este le siguieron varios. Con 9 años, su madre se trasladó a Sevilla y se llevó a sus tres hijos; la Generalitat de Cataluña, que tenía la tutela de los tres, al parecer, no lo impidió. Transcurridos varios meses en Sevilla, la policía los retiró de la casa de la madre, internándolos de nuevo en un centro de protección. Desde ese día, Sara recuerda haber pasado por, al menos, otros cuatro centros en Andalucía. Sara contó a Amnistía Internacional que fue sometida a medicación forzada y constante sin consentimiento, que nunca supo su diagnóstico, que pasó días atada y aislada.

“En 5 meses, sólo he pasado 30 minutos al día al aire libre”

“Tengo 17 años y llevo 14 años pasando de un centro a otro. Sé que tengo una técnico, pero nunca la he visto… Me he ido de Picón del Jarama, porque no aguantaba más y porque lo que pasa dentro no me gusta. He estado en Picón seis o siete meses. He pasado 5 meses sin poder salir a la calle, en este tiempo sólo he pasado 30 minutos diarios al aire libre…  Desconozco por completo mi situación legal, no sé qué juicios tengo pendientes, ni qué delito he cometido para estar aquí y nadie me informa de ello por mucho que pregunte. (…) Me han hecho 2 ó 3 contenciones (tirarme al suelo y retorcerme los brazos). (…) Me han metido 4 veces en una celda de aislamiento que ellos llaman “cuarto de reflexión”, esta celda tiene las paredes desnudas y consta de una cama de goma espuma, un somier de hierro, un retrete y una ventana pequeña. No hay ningún elemento de estudio u ocio o decoración alguna.”

Los anteriores son fragmentos del texto de la denuncia de un menor presentada el 4 de febrero del 2009 ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, no ha recibido ninguna respuesta del IMMF. Mientras, ha cumplido la mayoría de edad.

“Si vuelvo, ¡me mato!”

Al chico lo ingresaron en el centro de protección terapéutico de Benalup en Cádiz en 2008 cuando tenía 15 años para ser tratado de supuestos problemas de conducta. Su ingreso se realizó sobre la base del siguiente diagnóstico: “Rabietas ante frustraciones, en estas ocasiones chilla, tira objetos y amenaza con matarse, todo ello con gran intensidad emocional”.  A AI le contó que, por falta de camas, los primeros 15 días durmió en una celda de aislamiento de dos metros por un metro, donde también recibía la comida.

“El día del ingreso me realizaron un registro que incluía un registro anal por parte de un educador, nunca antes me habían hecho eso. En el centro los botes de medicamentos se apilaban en la cocina y algunas veces te los echaban directamente a la comida. En ocasiones, después de beberme el cola cao, no podía ni levantarme de la silla”. El menor huyó el día de Navidad y escribió una carta a su madre en la que relataba haber sido sometido a aislamiento, abusos y vejaciones, y en la que amenazaba: “Si vuelvo, ¡me mato!”.

Durante el tiempo que el chico estuvo internado, el padre asegura que no pudo visitarlo ni mantener correspondencia privada con él, que le denegaron información sobre su estado y evolución y que sólo la madre, de quien estaba separado, podía realizar las visitas. Su abogado añade que no ha conseguido información de la administración sobre el reglamento de los centros durante todo el proceso judicial iniciado.

Actualmente, el menor vive con su padre, está sano, escolarizado de nuevo y no toma medicación.

Una denuncia para tratar problemas de conducta

Margarita González dice que en los servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra la convencieron para que denunciara a su hijo Miguel por malos tratos y amenazas. Y añaden que lo haga “exagerando los hechos”. Dice también que le aseguran que mediante un proceso penal se decretaría el internamiento del chico por seis meses en el centro de reforma de Ilundain en Navarra, lo que permitiría que fuera reeducado.

En el informe, firmado por un educador, que se presentó a la fiscalía superior de Navarra, se recoge: “[el menor está] ejerciendo una tiranía pura y dura sobre la madre y hermana. Es un auténtico tirano, vago y parásito. Lleva una vida licenciosa con desordenes en el campo de la sexualidad. Entra y sale de casa a su libre albedrío, exigiendo la comida que a él le guste”. El informe concluye recomendando el internamiento en un centro de reforma, “dado que dicho centro garantiza mejor su efectiva ejecución”.

El 25 de marzo de 2009, dos meses después de su ingreso, Miguel se suicidó colgándose del cinturón cuando se encontraba cumpliendo una sanción incomunicado y aislado en una habitación. En el informe policial, una educadora relata: “… se ha negado a jugar poniéndose cada vez más nervioso al pensar que mañana, día 26 tenía que estar siete días en fase 0, esto es, en una sala de contención aislado del grupo”. La habitación en la que se encontró muerto al menor había sido cerrada con llave por fuera por la educadora, tal y como se recoge en dicho informe.

“Le pusieron una inyección que le dejó grogui durante 72 horas”

La tía de este menor, con custodia administrativa, relató a Amnistía Internacional, cómo el niño ingresó a los 12 años en el sistema de protección. Durante este tiempo ha pasado por un total de seis centros de acogida, de régimen abierto, terapéuticos y finalmente de reforma en la Comunidad de Madrid.

El chico empezó la ronda a los 12 años. En la Residencia Chamberí. Fue el primero de seis centros en la comunidad de Madrid. Un centro de acogida. Lo trasladaron argumentando problemas de conducta. Al centro Dianova, donde menores entre 12 y 16 años sin adicciones conviven con adultos ex toxicómanos. Con 14 años pasó al albergue Vistalegre, donde los menores deben abandonar el centro a las 9 de la mañana y regresar a las 8 de la tarde. Después fue trasladado al centro terapéutico La Jarosa y ya con 16 años, entró en Picón del Jarama, donde, según la tía del chico, “nada más entrar, le hicieron una contención brutal, le pusieron una inyección que le dejó grogui durante 72 horas. Y durante esas 72 horas estuvo encerrado en una habitación sin poder salir”. El chico se escapó con 17 años, y después ingresó en un centro de reforma.

La familia denunció a AI que durante años la administración se ha negado a informarles, tanto por escrito como en diversas reuniones, sobre la salud de su sobrino, sus diagnósticos y evolución, o los lugares a los que era trasladado.

La arbitrariedad reina en los centros de internamiento para extranjeros

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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado un informe que da cuenta de las visitas realizadas a tres Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de los ocho que hay en España. La sola visita a estos centros ya es destacable porque en estos recintos no puede entrar nadie que no sea policía, parlamentario o Defensor del Pueblo. Ni siquiera las familias de los internos pueden acceder al lugar. El resumen de su paso por los centros de Valencia, Madrid y Málaga traza un perfil de lo que sucede tras las paredes de estas cárceles para extranjeros.

El 40% de los internos entrevistados por los investigadores de la CEAR asegura haber recibido un trato “negativo o muy negativo” por parte de los funcionarios del centro. Y un 4% apunta a torturas y malos tratos graves. “Hay evidencias graves de malos tratos y torturas en los centros de internamiento de extranjeros de Valencia y Madrid”, reza el informe. En un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior ha contestado que sólo tiene constancia “del incidente ocurrido el pasado 29 de mayo de 2009” en el CIE de Madrid y sobre el que “se instruyeron diligencias que se remitieron a la Autoridad Judicial”.

Ningún control externo

El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Lleida, Héctor Silveira, no ve tan raro el dato de los malos tratos: “Es probable que suceda porque en los CIE la policía es la única que puede entrar y no están sometidos a ningún tipo de control externo”, explica . “Cuando se producen estos hechos tampoco hay constancia, algo normal, si tenemos en cuenta que hablamos de personas que posiblemente no hablen español y ni siquiera tengan un conocimiento de cuáles son sus derechos”, explica el profesor, que también es director adjunto del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

Para Ghassan Saliba, del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros de CCOO, el maltrato no es habitual: “De la gente que ha estado en un CIE y nos ha pedido ayuda ninguna ha denunciado malos tratos aunque sí muchas quejas sobre la comida, las condiciones del centro y el hacinamiento”.

Violación de derechos

Entre las muchas cosas que pone de manifiesto el documento elaborado por CEAR queda clara la arbitrariedad con la que se aplica la normativa sobre el funcionamiento interno de estos lugares. Por ejemplo, el interno debería poder recibir un número establecido de llamadas de su abogado o de sus parientes.

Sin embargo, en el centro de Madrid no sólo se prohíbe a los reclusos recibir llamadas sino que además, se les cobra por hacerlas. Las cabinas funcionan con tarjetas prepago que muchos presos no pueden pagar. Si a eso se le añade el hecho de que un cuarto de los entrevistados no tiene ninguna persona en el exterior que los pueda ayudar, la situación de aislamiento es total. “Lo mismo sucede con cuestiones como la higiene. Muchos pasan toda su estancia con la misma ropa interior o sin enseres personales de ningún tipo al no tener a nadie fuera que los provea de lo más básico”, ha dicho el coordinador del informe, el psiquiatra Pau Pérez Sales.

A ese abandono hay que añadirle la indefensión jurídica que padecen más de la mitad de los entrevistados. El 58% de los internos preguntados ha dicho no tener abogado o no conocerlo. “La asistencia legal es obligatoria y se cumple en el 100% de los casos”, ha dicho Pérez Sales, algo que confirma el profesor Silveira. “A todo interno lo visita un abogado de oficio. Otra cosa es que el interno tenga constancia de que es su abogado y de que es la persona a la que debe recurrir para aclarar su situación. Si no lo sabe, es como si no tuviera asistencia legal”, explica el profesor de Filosofía del Derecho.

Según el Ministerio del Interior, hay 2.500 plazas repartidas entre los nueve CIES que hay en España. Aseguran que nunca ninguno de ellos ha estado lleno. “No es un dato extraño si tenemos en cuenta que muchos internos cambian de centro cuando ya llevan 30 días”, ha declarado Ghassan Saliba. En cuanto al número de internos que pasaron por algún CIE en 2008, el ministerio responsable dice no disponer de los datos.


“Habitaciones anti -vandálicas”

Los CIE no dependen de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, sino de la Dirección General de la Policía. No se les puede llamar cárceles porque en ellas no hay presos sino personas que han cometido una irregularidad administrativa. Esto es, carecen de permiso de residencia y se les retiene mientras se tramita su expulsión. Esto lleva a los responsables de los CIE a no hablar nunca de “cárcel”, “prisión”, “celda” o “celda de aislamiento”. En su lugar, emplean términos como “centro de internamiento”, “centro de reclusión”, “habitación” o “habitación anti vandálica”. Este último es el lugar donde retienen a aquellos extranjeros que consideran muy violentos.

Los colectivos vulnerables

  • Mujeres embarazadas

En ninguno de los centros se practican pruebas de embarazo. Se procura no ingresa a mujeres embarazadas y si lo están, a partir del segundo trimestre, se las lleva a un hospital para que controlen el embarazo y luego se las libera.

  • Menores de 18 años

No se ha registrado la presencia de ningún niño dentro de algún CIE acompañando
a sus padres. Se narra el caso de una madre a la que apartaron del hijo porque consideraban que no lo cuidaba bien. Fue en el centro de Málaga y los trabajadores se quedaron con la sensación de que no era una decisión que debieran tomar ellos, después de ver que la madre se autolesionó al quitarle a su hijo. Ninguno de los informes para determinar la mayoría de edad de algunos jóvenes que decían serlo, estaba firmado por un médico ni constaba ningún número de
colegiado identificable.

  • Personas con hijos al cargo dentro del centro

Un interno de origen latinoamericano mostró que tenía 5 hijos menores de edad, tres nacidos en España, que quedaban desprotegidos con su expulsión. Pero, a pesar de que las condiciones familiares deben tenerse presentes para ejecutar una orden de expulsión, el hombre fue devuelto a su país. Otro, que tenía una hija ingresada en un hospital de Madrid, también fue expulsado.

  • Personas enfermas

Ninguno de los CIE está adaptado para personas con minusvalía. Todos ellos tienen escaleras para acceder a cualquier servicio. No existen baños adaptados. Ni en Málaga, ni en Valencia se permite usar muletas por razones de seguridad aunque en el de Madrid dos personas las utilizaban sin mayores problemas.

  • Enfermos mentales

Existe una flagrante indefensión de los enfermos mentales en los tres centros. Pese a que en los tres centros se reconoce que es frecuente que haya pacientes psicóticos ni se diagnostican ni se tratan, incluso aportando informes. En el informe, se narran tres casos concretos de personas con problemas mentales graves que no han recibido la atención adecuada. Una cosa que destacan los entrevistados es que las personas que padecen cualquier tipo de enfermedad, sea contagiosa o no, conviven en el mismo espacio que los demás sin mantener unas medidas higiénicas adecuadas.


Interior investigará dos casos más

Según el informe de CEAR, el centro de Zapadores en Valencia es el que se encuentra en peores condiciones. No sólo por la situación en la que se encuentra el recinto y sus carencias sino porque en él se maltrata a los internos. Según la coordinadora territorial de CEAR en Valencia, Sara Verdú, “hay suficientes indicios de maltrato en dos casos”. Uno de ellos es el que datan en el estudio el 9 de agosto de 2009. “Sobre las 12 de la noche hubo un episodio de castigo colectivo y torturas a varios internos de la habitación a cargo de un agente de policía de servicio masculino, con una agente femenina como testigo connivente”, reza el informe.

La comisión solicitó hablar con el agente, “a lo que accedió, negándose en la entrevista a dar su nombre o número de identificación”. El mismo día, “el mismo funcionario de policía infligió torturas a dos internos que se encontraban en la habitación 3 leyendo el Corán. La paliza dejó hematomas y problemas de movilidad en ambos, que pudieron ser vistos por la mayoría de internos del CIE en el desayuno, según testimonios de personas de diferentes habitaciones”, indica  el relato expuesto por CEAR.

El Ministerio lo niega

A pesar de que el Ministerio del Interior ha negado que se maltrate a los internos en los CIE, reconoce que hay abiertas diligencias en uno de los casos que ha estudiado CEAR. Se trata del ocurrido en el centro de Aluche (Madrid) el 29 de mayo pasado.

Los casos de Valencia se documentan el 9 de agosto pasado. Según explica la investigación,un hombre de nacionalidad argelina les pidió hablar aparte para explicarles “las palizas que ocurren por las noches”.


Era el domingo por la noche… estábamos durmiendo en la habitación y a las doce de la noche o un poco más entró de pronto un policía en la habitación. Iba con su uniforme. Empieza con gritos de “cojones, cojones, tu puta madre…”. La luz estaba apagada. El entró con una linterna y se puso a iluminar a la gente a la cara y todo el cuerpo…” “Sin que nadie le diga nada empieza a pegar con la porra todos. A uno le decía: “Pégame, pégame, cojones, pégame…. Y le empujaba para que le pegase…” .

Interior reconoce que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos narrados en el informe y datados en esta fecha.

“No hay que mejorar estos centros, hay que cerrarlos”

En el Observatorio del Sistema Penal creen que el papel de los jueces y los abogados de oficio es muy importante para evitar la violación de derechos en los CIE. “Son pocos los jueces que consideran que lo que pasa dentro de un CIE sea cosa de ellos. Consideran que es una cuestión administrativa y no judicial”, dice el director adjunto de este centro, Héctor Silveira, que considera que los abogados de oficio deben estar especializados en inmigración.

“No hay que mejorarlos. Los centros de internamiento para extranjeros deberían cerrarse definitivamente”. Así resume Ghassan Saliba la postura de su sindicato, CCOO, en relación a la existencia y el funcionamiento de los CIE. “La mayoría de las personas recluidas no ha cometido ningún delito”, dice Saliba. Según el informe presentado hoy por CEAR, el 63% de los internos lo están por carecer de un permiso de residencia. “Eso es una irregularidad administrativa, no un delito que justifique el encierro de estas personas durante 40 días”, dice el sindicalista.

“Son cárceles administrativas”

En breve, el plazo máximo de 40 días de encierro se ampliará cuando se haga efectiva la última reforma de la Ley de Extranjería. Esto es fruto de la Directiva de retorno aprobada por la Unión Europea (UE). La denominada “directiva de la vergüenza” por partidos de izquierda, sindicatos y muchas oenegés, se aprobó el 18 de junio de 2008 y fija el internamiento máximo de un inmigrante irregular en 18 meses. “Eso implica que ningún Estado puede establecer un plazo mayor, pero sí uno menor, pero España ha optado por ampliar el suyo, que era de 40 días y ha puesto el límite en 60”, comenta Saliba.

Héctor Silveira se manifiesta en la misma línea. “Son cárceles adminsitrativas, por más que se les llamen centros de internamiento, lo cierto es que privan de libertad al individuo en todos los aspectos”. Silveira se muestra a favor del cierre y si pide que se mejoren las condiciones de vida dentro de los CIE y que se respeten los derechos de los internos es simplemente “una postura garantista”. “Como el cierre no parece viable, al menos estaría bien una Ley Orgánica que los regule y que, de esa manera, haya un mayor control sobre lo que ocurre dentro”, explica Silveira. El marco legal existe y está recogido en la Ley de Extranjería española pero para Silviera, director adjunto del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos, “la policía actúa con absoluta discreccionalidad porque saben que nadie los fiscaliza”.

 Medidas de cáracter prioritario

Entre las medidas que ha propuesto CEAR al Ministerio del Interior, hay unas que son ineludiles. Las han denominado medidas prioritarias y consisten en aclarar cuando antes los casos de tortura citados en el informe; garantizar que todas las instalaciones estén sometidas a video-vigilancia; exigir el adecuado cumplimiento de los protocolos de traslado desde los CIE al aeropuerto y de expulsión; garantizar el acceso inmediato a atención médica ante la petición del interno y la existencia de lesiones.

El ciudadano John es otra vez el nazi Ivan

Captura de pantalla 2015-04-08 a las 9.02.15Ha entrado en camilla y con los ojos cerrados en la sala. Y así ha permanecido Ivan Demjanjuk los 75 minutos que ha durado el primer día de un juicio en el que se le acusa de complicidad en el asesinato de 27.900 judíos en el campo de exterminio de Sobibor (Polonia) donde trabajaba como guardián. Es la segunda vez que este ucraniano de 89 años se sienta ante la justicia por su vinculación con los campos de concentración nazis.

En 1993, el Tribunal Supremo de Israel juzgaba a Ivan Demjanjuk a quien entonces se llamaba “el carnicero de Treblinka” o “Iván el Terrible”. El 30 de julio el juez hizo pública la puesta en libertad del acusado, que había sido condenado a muerte, al existir dudas sobre su identidad. Y a pesar de que sabían que Demjanjuk había trabajado en campos de concentración y exterminio, los cargos que se le imputaban eran de otra persona. La conmoción dentro de la comunidad judía fue brutal. Pero incluso los cazadores de nazis más eficaces del mundo, el Centro Wiesenthal, aceptaron la decisión del juez sin rechistar. No querían que la defensa tuviera argumentos para poner en duda la sentencia. Y se pusieron a trabajar para que Demjanjuk se enfrentara de nuevo a un tribunal.

El delito de asesinato no prescribe en Alemania
Han pasado 16 años y el juicio ha sido posible porque en Alemania el asesinato no prescribe. Si los tres magistrados que llevan el proceso se ponen de acuerdo en su veredicto, al acusado le esperan 15 de prisión. Una condena que podría saberse en mayo del próximo año y que, teniendo en cuenta la edad de Demjanjuk, equivaldría a la cadena perpetua.

El Centro Wiesenthal tiene claro que este puede ser el último proceso contra los criminales nazis. La avanzada edad de los acusados y de las víctimas, así como la falta de pruebas en muchos de los casos, hace muy difícil desarrollar los juicios. La defensa de Demjanjuk ha intentado decenas de veces suspender el juicio alegando la edad y el estado de salud de su cliente. En este caso, además, se trata de un caso basado en indicios y que cuenta con una única prueba inculpatoria: el carné de las SS con el número 1393, con el que prestó servicio el acusado. Y todos los casos de criminales nazis que quedan sin juicio y sin sentencia tienen las mismas características.

Demjanjuk es ucraniano y el primer extranjero que va a ser juzgado en Alemania por crímenes relacionados con el exterminio de judíos bajo el mandato de Adolf Hitler. La fiscalía alemana actúa por petición de nueve familiares de algunas víctimas del campo de concentración y exterminio de Sobibor. El acusado niega haber estado en Sobibor, donde murieron 250.000 personas, aunque reconoce haber trabajado en otros campos. Es la misma estrategia que siguió en Israel: no negar su pasado nazi pero sí los hechos concretos de los que se le acusa. Ahora también alega que trabajó en los campos de concentración de forma involuntaria.

John Demjanjuk vuelve a ser Ivan
La táctica ha servido de poco a la defensa ya que la acusación considera que Demjanjuk era un “Trawniki”, un guardián voluntario y a sueldo. Y al juez no le ha valido la idea presentada por la defensa de presentar a su cliente como una víctima más de las SS. Un historiador ha subido al estrado para dar su opinión sobre esta cuestión. “Los Trawniki comían bien, bebían, podían irse cuando quisieran y tenían vacaciones. Los judíos no. Los Trawniki también asesinaban, los judíos no”. Con estas palabras ha acabado con la equiparación del acusado y los judíos como víctimas de los nazis.

En 1993 Ivan Demjanjuk se fue a EEUU después de que el Tribunal Supremo de Israel lo pusiera en libertad. Allí procuró llevar una vida discreta y empezar de cero. Para pasar desapercibido sólo occidentalizó su nombre. De esta manera, el ciudadano John intentaba olvidar el juicio y los apelativos que le adjudicó la prensa entonces. Pero con el inicio del juicio en Munich, John ha vuelto a ser Ivan.

 

 

¿Demasiado enfermo para extraditarlo?

Los abogados de Ivan Demjanjuk demoraron la extradición a Alemania alegando motivos de salud pero este vídeo del Centro Wiesenthal demostró que el acusado hacía una vida normal en EEUU.

 

El terrible Ivan

Demjanjuk nació en Dobowoije (Ucrania) en 1920. Según su testimonio, era tractorista cuando fue reclutado por el Ejército Rojo para luchar contra las tropas de Hitler, pero en 1942 fue capturado por las SS. De Sobibor pasó a otros campos nazis, como Flossenbürg. Tras la derrota del nazismo, logró que se le reconociera como un refugiado de guerra. Se le autorizó a emigrar a EEUU, en 1952, donde se casó, tuvo tres hijos y trabajó como mecánico. Después de que el Tribunal Supremo israelí lo dejara en libertad en 1993, volvió a EEUU con su familia. La extradición solicitada por Alemania para juzgarlo ha sido complicada. La familia y su defensa alegaban problemas de salud. El 11 de mayo se hizo efectiva y desde el 12, Demjanjuk ha esperado en Munich la llegada de este juicio.

2.000 gaseados al día

Sobibor fue un campo de exterminio que funcionó entre 1942 y 1943 en el este de Polonia. Situado entre Treblinka y Belzec, cerca de la frontera con Bielorrusia, formó parte de la Operación Reinhard de Himmler para exterminar a los judíos polacos. Se calcula que fueron un 1.600.000 judíos las víctimas en estos tres campos. En Sobibor, el más pequeño de los tres, el Reich mató a 250.000 judíos. Los prisioneros que llegaban a este tipo de campo, a diferencia de Mathaussen o Auschwitz eran asesinados en 24 horas. El método, la cámara de gas. En ellas, los prisioneros morían en media hora al inhalar una mezcla de dióxido de carbono y monóxido de carbono. El periodista Richard Rashke en su libro “Escapar a Sobibor” afirma que allí se mataba a unas 2.000 personas cada día.