“Si vuelvo, me mato”. Este es el título del informe que ha presentado hoy la oenegé Amnistía Internacional sobre la situación de los centros de internamiento de menores. Para elaborarlo, la entidad se ha entrevistado con 19 menores, 20 familiares y 22 educadores que han explicado las condiciones en las que viven los internos en los centros de Andalucía, Madrid y Cataluña. En estas comunidades se concentra el 55% de los menores ingresados en España.
“Son sometidos a castigos, se les ata, se les amordaza y se les ingresa en celdas de aislamiento y reciben medicación forzada, sin que se investiguen estas situaciones”, ha informado Esteban Beltrán, director de la oengé en España. La investigación se ha llevado a cabo durante los meses de verano de este año y sigue la pista del informe del Defensor del Pueblo de 2009 sobre esta misma cuestión pero poniendo nombres a los centros y cara a los testimonios.
Irregularidades en el procedimiento de ingreso
Una de la cosas que se denuncia en el documento hecho público hoy es la arbitrariedad en los procedimientos empleados para determinar el ingreso de los menores en estos centros. “Hay dos vías de entrada a un centro: una es que un menor quede desamparado y el Estado asuma su tutela. La otra es que los padres no tengan manera de educar al hijo por problemas de conducta y opten por ingresarlo en uno de estos centros”, explica Célia Ramon, portavoz de la oenegé. El problema se presenta con los menores tutelados que son cambiados de centro sin que quede constancia en un juzgado, según AI. En este sentido ya hablaba el informe del Defensor del Pueblo presentado en febrero de 2009: “En general, las administraciones consideran que, al tener asignada la tutela, pueden derivar a los menores al centro que estimen como más adecuado”.
Otra de las cuestiones importantes y que está vinculada a la cuestión legal es la del diagnóstico médico de los internos. El defensor del pueblo decía en febrero: “La evidente dificultad de delimitar el perfil de determinadas patologías psíquicas nos lleva a plantear la convivencia de recabar la autorización judicial para el ingreso de todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limtiación de los derechos de los menores de acuerdo con su edad”. La investigación de AI determina que nada de esto ha cambiado y que el diagnóstico en muchos casos, nunca llega. “Nos encontramos con casos en los que nunca se hace una evaluación del menor y eso es especialmente grave teniendo en cuenta que a la mayoría se les medica aunque no se sabe exactamente para qué”, explica Célia Ramon.
Escasa colaboración de las administraciones
Factual ha contactado con el defensor del Pueblo de Andalucía, que también es el defensor del Menor en la comunidad. “Nosotros hacemos controles semanales y no hemos visto nada parecido a lo que se explica en el informe”, ha declarado José Chamizo que ha añadido que “la información diaria que pasa la Fiscalía indica que este año no ha habido ninguna denuncia en este sentido”. A este comentario ha contestado la portavoz de AI diciendo que “cuando los menores explican su situación la encuentran normal porque es lo que han vivido casi toda su vida”, ha dicho Célia Ramon, que ha querido puntualizar que cuando la gente acude a su organización y no directamente a la justicia es porque se trata de situaciones en las que los afectados se encuentran “absolutamente” desamparados.
Célia Ramon ha comentado la escasa colaboración que han tenido por parte de las administraciones. “Sólo Andalucía nos ha permitido entrar en un centro en Córdoba y fue de forma guiada. Luego nos denegó los permisos para visitar otras instalaciones”, ha explicado Ramon. La Comunidad de Madrid no permitió ninguna visita y en el caso de la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat catalana (DGAIA), ni siquiera han contestado a las comunicaciones enviadas por AI. “Aún esperamos que contesten a nuestras peticiones o nos digan que harán algo al respecto”, han explicado los responsables de la oenegé.
Factual ha llamado a la DGAIA, que se ha negado a hacer declaraciones sobre el caso y se ha limitado a enviar un comunicado de prensa en el que dice que el informe de AI es “demagógico” y está “tergiversado”. “En ninguna de las inspecciones se ha producido ninguna queja por parte de ningún menor”, concluye el documento. En la misma línea ha contestado el Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid: “Estos centros cuentan con un sistema de inspección propio y la supervisión constante de la Fiscalía”, reza el comunicado que acusa a Amnistía Internacional: “Si los hechos fueran de la gravedad indicada la ONGE no hubiese esperado a la redacción de un informe y hubiese puesto en conocimiento de la Justicia las irregularidades”.
AI ha anunciado que iniciará protestas en las tres comunidades a las que hace referencia el informe y anima a las personas a denunciar ante la Justicia los hechos vividos en estos centros de internamiento.
Las voces del informe
“No puedes ni ponerte un támpax sin que te estén vigilando”
“Te tratan como un loco, te enloquecen con sus normas, no tienes nunca intimidad, no puedes pensar, todo está prohibido y si no, se lo inventan y lo prohíben para ti. Te vigilan en la ducha, te dan la cantidad de papel de váter establecida para cada necesidad y te vigilan mientras controlan el tiempo pactado que puedes estar en el baño sin puertas, o el tiempo y toques de agua para lavarte la cabeza, para ducharte, no puedes ni ponerte un tampax sin que te estén vigilando”.
Eso cuenta Aránzazu Cerdán, de 19 años, y que lleva toda la vida de centro en centro desde que a los 18 meses, fue entregada por su abuela a uno en Granada. Cuando la niña tenía 6 años, la abuela se la llevó a Cataluña, y allí siguió de centro en centro. A los 16 años y tras la huida del centro terapéutico Can Rubió, Aránzazu contó a Amnistía Internacional, que los Mossos de Escuadra aparecieron en su casa, tiraron la puerta abajo y la llevaron a la fiscalía, que ordenó su ingreso en el centro de Font Fregona (Barcelona).
“Sin la mordaza, se me caía la baba”
“En el centro pasé días atada a una silla, con mordaza; sin ella se me caía la baba. Tenía el cuello doblado y la cabeza caída. También estuve en la celda de aislamiento atada a la cama donde además me pinchaban y pasaba al menos 3 días con los ojos vueltos”. El centro era el Dulce Nombre de María, en Málaga, donde Sara Casas Hernández, que hoy cuenta 25 años, denuncia que fue sometida a medicación forzada y constante, que nunca supo su diagnóstico y que pasó días atada y aislada.
Con 6 años, ella y sus hermanos, de 5 y 10, fueron ingresados por desamparo en un centro de protección en Cataluña. A este le siguieron varios. Con 9 años, su madre se trasladó a Sevilla y se llevó a sus tres hijos; la Generalitat de Cataluña, que tenía la tutela de los tres, al parecer, no lo impidió. Transcurridos varios meses en Sevilla, la policía los retiró de la casa de la madre, internándolos de nuevo en un centro de protección. Desde ese día, Sara recuerda haber pasado por, al menos, otros cuatro centros en Andalucía. Sara contó a Amnistía Internacional que fue sometida a medicación forzada y constante sin consentimiento, que nunca supo su diagnóstico, que pasó días atada y aislada.
“En 5 meses, sólo he pasado 30 minutos al día al aire libre”
“Tengo 17 años y llevo 14 años pasando de un centro a otro. Sé que tengo una técnico, pero nunca la he visto… Me he ido de Picón del Jarama, porque no aguantaba más y porque lo que pasa dentro no me gusta. He estado en Picón seis o siete meses. He pasado 5 meses sin poder salir a la calle, en este tiempo sólo he pasado 30 minutos diarios al aire libre… Desconozco por completo mi situación legal, no sé qué juicios tengo pendientes, ni qué delito he cometido para estar aquí y nadie me informa de ello por mucho que pregunte. (…) Me han hecho 2 ó 3 contenciones (tirarme al suelo y retorcerme los brazos). (…) Me han metido 4 veces en una celda de aislamiento que ellos llaman “cuarto de reflexión”, esta celda tiene las paredes desnudas y consta de una cama de goma espuma, un somier de hierro, un retrete y una ventana pequeña. No hay ningún elemento de estudio u ocio o decoración alguna.”
Los anteriores son fragmentos del texto de la denuncia de un menor presentada el 4 de febrero del 2009 ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, no ha recibido ninguna respuesta del IMMF. Mientras, ha cumplido la mayoría de edad.
“Si vuelvo, ¡me mato!”
Al chico lo ingresaron en el centro de protección terapéutico de Benalup en Cádiz en 2008 cuando tenía 15 años para ser tratado de supuestos problemas de conducta. Su ingreso se realizó sobre la base del siguiente diagnóstico: “Rabietas ante frustraciones, en estas ocasiones chilla, tira objetos y amenaza con matarse, todo ello con gran intensidad emocional”. A AI le contó que, por falta de camas, los primeros 15 días durmió en una celda de aislamiento de dos metros por un metro, donde también recibía la comida.
“El día del ingreso me realizaron un registro que incluía un registro anal por parte de un educador, nunca antes me habían hecho eso. En el centro los botes de medicamentos se apilaban en la cocina y algunas veces te los echaban directamente a la comida. En ocasiones, después de beberme el cola cao, no podía ni levantarme de la silla”. El menor huyó el día de Navidad y escribió una carta a su madre en la que relataba haber sido sometido a aislamiento, abusos y vejaciones, y en la que amenazaba: “Si vuelvo, ¡me mato!”.
Durante el tiempo que el chico estuvo internado, el padre asegura que no pudo visitarlo ni mantener correspondencia privada con él, que le denegaron información sobre su estado y evolución y que sólo la madre, de quien estaba separado, podía realizar las visitas. Su abogado añade que no ha conseguido información de la administración sobre el reglamento de los centros durante todo el proceso judicial iniciado.
Actualmente, el menor vive con su padre, está sano, escolarizado de nuevo y no toma medicación.
Una denuncia para tratar problemas de conducta
Margarita González dice que en los servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra la convencieron para que denunciara a su hijo Miguel por malos tratos y amenazas. Y añaden que lo haga “exagerando los hechos”. Dice también que le aseguran que mediante un proceso penal se decretaría el internamiento del chico por seis meses en el centro de reforma de Ilundain en Navarra, lo que permitiría que fuera reeducado.
En el informe, firmado por un educador, que se presentó a la fiscalía superior de Navarra, se recoge: “[el menor está] ejerciendo una tiranía pura y dura sobre la madre y hermana. Es un auténtico tirano, vago y parásito. Lleva una vida licenciosa con desordenes en el campo de la sexualidad. Entra y sale de casa a su libre albedrío, exigiendo la comida que a él le guste”. El informe concluye recomendando el internamiento en un centro de reforma, “dado que dicho centro garantiza mejor su efectiva ejecución”.
El 25 de marzo de 2009, dos meses después de su ingreso, Miguel se suicidó colgándose del cinturón cuando se encontraba cumpliendo una sanción incomunicado y aislado en una habitación. En el informe policial, una educadora relata: “… se ha negado a jugar poniéndose cada vez más nervioso al pensar que mañana, día 26 tenía que estar siete días en fase 0, esto es, en una sala de contención aislado del grupo”. La habitación en la que se encontró muerto al menor había sido cerrada con llave por fuera por la educadora, tal y como se recoge en dicho informe.
“Le pusieron una inyección que le dejó grogui durante 72 horas”
La tía de este menor, con custodia administrativa, relató a Amnistía Internacional, cómo el niño ingresó a los 12 años en el sistema de protección. Durante este tiempo ha pasado por un total de seis centros de acogida, de régimen abierto, terapéuticos y finalmente de reforma en la Comunidad de Madrid.
El chico empezó la ronda a los 12 años. En la Residencia Chamberí. Fue el primero de seis centros en la comunidad de Madrid. Un centro de acogida. Lo trasladaron argumentando problemas de conducta. Al centro Dianova, donde menores entre 12 y 16 años sin adicciones conviven con adultos ex toxicómanos. Con 14 años pasó al albergue Vistalegre, donde los menores deben abandonar el centro a las 9 de la mañana y regresar a las 8 de la tarde. Después fue trasladado al centro terapéutico La Jarosa y ya con 16 años, entró en Picón del Jarama, donde, según la tía del chico, “nada más entrar, le hicieron una contención brutal, le pusieron una inyección que le dejó grogui durante 72 horas. Y durante esas 72 horas estuvo encerrado en una habitación sin poder salir”. El chico se escapó con 17 años, y después ingresó en un centro de reforma.
La familia denunció a AI que durante años la administración se ha negado a informarles, tanto por escrito como en diversas reuniones, sobre la salud de su sobrino, sus diagnósticos y evolución, o los lugares a los que era trasladado.
