La arbitrariedad reina en los centros de internamiento para extranjeros

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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado un informe que da cuenta de las visitas realizadas a tres Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de los ocho que hay en España. La sola visita a estos centros ya es destacable porque en estos recintos no puede entrar nadie que no sea policía, parlamentario o Defensor del Pueblo. Ni siquiera las familias de los internos pueden acceder al lugar. El resumen de su paso por los centros de Valencia, Madrid y Málaga traza un perfil de lo que sucede tras las paredes de estas cárceles para extranjeros.

El 40% de los internos entrevistados por los investigadores de la CEAR asegura haber recibido un trato “negativo o muy negativo” por parte de los funcionarios del centro. Y un 4% apunta a torturas y malos tratos graves. “Hay evidencias graves de malos tratos y torturas en los centros de internamiento de extranjeros de Valencia y Madrid”, reza el informe. En un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior ha contestado que sólo tiene constancia “del incidente ocurrido el pasado 29 de mayo de 2009” en el CIE de Madrid y sobre el que “se instruyeron diligencias que se remitieron a la Autoridad Judicial”.

Ningún control externo

El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Lleida, Héctor Silveira, no ve tan raro el dato de los malos tratos: “Es probable que suceda porque en los CIE la policía es la única que puede entrar y no están sometidos a ningún tipo de control externo”, explica . “Cuando se producen estos hechos tampoco hay constancia, algo normal, si tenemos en cuenta que hablamos de personas que posiblemente no hablen español y ni siquiera tengan un conocimiento de cuáles son sus derechos”, explica el profesor, que también es director adjunto del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

Para Ghassan Saliba, del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros de CCOO, el maltrato no es habitual: “De la gente que ha estado en un CIE y nos ha pedido ayuda ninguna ha denunciado malos tratos aunque sí muchas quejas sobre la comida, las condiciones del centro y el hacinamiento”.

Violación de derechos

Entre las muchas cosas que pone de manifiesto el documento elaborado por CEAR queda clara la arbitrariedad con la que se aplica la normativa sobre el funcionamiento interno de estos lugares. Por ejemplo, el interno debería poder recibir un número establecido de llamadas de su abogado o de sus parientes.

Sin embargo, en el centro de Madrid no sólo se prohíbe a los reclusos recibir llamadas sino que además, se les cobra por hacerlas. Las cabinas funcionan con tarjetas prepago que muchos presos no pueden pagar. Si a eso se le añade el hecho de que un cuarto de los entrevistados no tiene ninguna persona en el exterior que los pueda ayudar, la situación de aislamiento es total. “Lo mismo sucede con cuestiones como la higiene. Muchos pasan toda su estancia con la misma ropa interior o sin enseres personales de ningún tipo al no tener a nadie fuera que los provea de lo más básico”, ha dicho el coordinador del informe, el psiquiatra Pau Pérez Sales.

A ese abandono hay que añadirle la indefensión jurídica que padecen más de la mitad de los entrevistados. El 58% de los internos preguntados ha dicho no tener abogado o no conocerlo. “La asistencia legal es obligatoria y se cumple en el 100% de los casos”, ha dicho Pérez Sales, algo que confirma el profesor Silveira. “A todo interno lo visita un abogado de oficio. Otra cosa es que el interno tenga constancia de que es su abogado y de que es la persona a la que debe recurrir para aclarar su situación. Si no lo sabe, es como si no tuviera asistencia legal”, explica el profesor de Filosofía del Derecho.

Según el Ministerio del Interior, hay 2.500 plazas repartidas entre los nueve CIES que hay en España. Aseguran que nunca ninguno de ellos ha estado lleno. “No es un dato extraño si tenemos en cuenta que muchos internos cambian de centro cuando ya llevan 30 días”, ha declarado Ghassan Saliba. En cuanto al número de internos que pasaron por algún CIE en 2008, el ministerio responsable dice no disponer de los datos.


“Habitaciones anti -vandálicas”

Los CIE no dependen de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, sino de la Dirección General de la Policía. No se les puede llamar cárceles porque en ellas no hay presos sino personas que han cometido una irregularidad administrativa. Esto es, carecen de permiso de residencia y se les retiene mientras se tramita su expulsión. Esto lleva a los responsables de los CIE a no hablar nunca de “cárcel”, “prisión”, “celda” o “celda de aislamiento”. En su lugar, emplean términos como “centro de internamiento”, “centro de reclusión”, “habitación” o “habitación anti vandálica”. Este último es el lugar donde retienen a aquellos extranjeros que consideran muy violentos.

Los colectivos vulnerables

  • Mujeres embarazadas

En ninguno de los centros se practican pruebas de embarazo. Se procura no ingresa a mujeres embarazadas y si lo están, a partir del segundo trimestre, se las lleva a un hospital para que controlen el embarazo y luego se las libera.

  • Menores de 18 años

No se ha registrado la presencia de ningún niño dentro de algún CIE acompañando
a sus padres. Se narra el caso de una madre a la que apartaron del hijo porque consideraban que no lo cuidaba bien. Fue en el centro de Málaga y los trabajadores se quedaron con la sensación de que no era una decisión que debieran tomar ellos, después de ver que la madre se autolesionó al quitarle a su hijo. Ninguno de los informes para determinar la mayoría de edad de algunos jóvenes que decían serlo, estaba firmado por un médico ni constaba ningún número de
colegiado identificable.

  • Personas con hijos al cargo dentro del centro

Un interno de origen latinoamericano mostró que tenía 5 hijos menores de edad, tres nacidos en España, que quedaban desprotegidos con su expulsión. Pero, a pesar de que las condiciones familiares deben tenerse presentes para ejecutar una orden de expulsión, el hombre fue devuelto a su país. Otro, que tenía una hija ingresada en un hospital de Madrid, también fue expulsado.

  • Personas enfermas

Ninguno de los CIE está adaptado para personas con minusvalía. Todos ellos tienen escaleras para acceder a cualquier servicio. No existen baños adaptados. Ni en Málaga, ni en Valencia se permite usar muletas por razones de seguridad aunque en el de Madrid dos personas las utilizaban sin mayores problemas.

  • Enfermos mentales

Existe una flagrante indefensión de los enfermos mentales en los tres centros. Pese a que en los tres centros se reconoce que es frecuente que haya pacientes psicóticos ni se diagnostican ni se tratan, incluso aportando informes. En el informe, se narran tres casos concretos de personas con problemas mentales graves que no han recibido la atención adecuada. Una cosa que destacan los entrevistados es que las personas que padecen cualquier tipo de enfermedad, sea contagiosa o no, conviven en el mismo espacio que los demás sin mantener unas medidas higiénicas adecuadas.


Interior investigará dos casos más

Según el informe de CEAR, el centro de Zapadores en Valencia es el que se encuentra en peores condiciones. No sólo por la situación en la que se encuentra el recinto y sus carencias sino porque en él se maltrata a los internos. Según la coordinadora territorial de CEAR en Valencia, Sara Verdú, “hay suficientes indicios de maltrato en dos casos”. Uno de ellos es el que datan en el estudio el 9 de agosto de 2009. “Sobre las 12 de la noche hubo un episodio de castigo colectivo y torturas a varios internos de la habitación a cargo de un agente de policía de servicio masculino, con una agente femenina como testigo connivente”, reza el informe.

La comisión solicitó hablar con el agente, “a lo que accedió, negándose en la entrevista a dar su nombre o número de identificación”. El mismo día, “el mismo funcionario de policía infligió torturas a dos internos que se encontraban en la habitación 3 leyendo el Corán. La paliza dejó hematomas y problemas de movilidad en ambos, que pudieron ser vistos por la mayoría de internos del CIE en el desayuno, según testimonios de personas de diferentes habitaciones”, indica  el relato expuesto por CEAR.

El Ministerio lo niega

A pesar de que el Ministerio del Interior ha negado que se maltrate a los internos en los CIE, reconoce que hay abiertas diligencias en uno de los casos que ha estudiado CEAR. Se trata del ocurrido en el centro de Aluche (Madrid) el 29 de mayo pasado.

Los casos de Valencia se documentan el 9 de agosto pasado. Según explica la investigación,un hombre de nacionalidad argelina les pidió hablar aparte para explicarles “las palizas que ocurren por las noches”.


Era el domingo por la noche… estábamos durmiendo en la habitación y a las doce de la noche o un poco más entró de pronto un policía en la habitación. Iba con su uniforme. Empieza con gritos de “cojones, cojones, tu puta madre…”. La luz estaba apagada. El entró con una linterna y se puso a iluminar a la gente a la cara y todo el cuerpo…” “Sin que nadie le diga nada empieza a pegar con la porra todos. A uno le decía: “Pégame, pégame, cojones, pégame…. Y le empujaba para que le pegase…” .

Interior reconoce que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos narrados en el informe y datados en esta fecha.

“No hay que mejorar estos centros, hay que cerrarlos”

En el Observatorio del Sistema Penal creen que el papel de los jueces y los abogados de oficio es muy importante para evitar la violación de derechos en los CIE. “Son pocos los jueces que consideran que lo que pasa dentro de un CIE sea cosa de ellos. Consideran que es una cuestión administrativa y no judicial”, dice el director adjunto de este centro, Héctor Silveira, que considera que los abogados de oficio deben estar especializados en inmigración.

“No hay que mejorarlos. Los centros de internamiento para extranjeros deberían cerrarse definitivamente”. Así resume Ghassan Saliba la postura de su sindicato, CCOO, en relación a la existencia y el funcionamiento de los CIE. “La mayoría de las personas recluidas no ha cometido ningún delito”, dice Saliba. Según el informe presentado hoy por CEAR, el 63% de los internos lo están por carecer de un permiso de residencia. “Eso es una irregularidad administrativa, no un delito que justifique el encierro de estas personas durante 40 días”, dice el sindicalista.

“Son cárceles administrativas”

En breve, el plazo máximo de 40 días de encierro se ampliará cuando se haga efectiva la última reforma de la Ley de Extranjería. Esto es fruto de la Directiva de retorno aprobada por la Unión Europea (UE). La denominada “directiva de la vergüenza” por partidos de izquierda, sindicatos y muchas oenegés, se aprobó el 18 de junio de 2008 y fija el internamiento máximo de un inmigrante irregular en 18 meses. “Eso implica que ningún Estado puede establecer un plazo mayor, pero sí uno menor, pero España ha optado por ampliar el suyo, que era de 40 días y ha puesto el límite en 60”, comenta Saliba.

Héctor Silveira se manifiesta en la misma línea. “Son cárceles adminsitrativas, por más que se les llamen centros de internamiento, lo cierto es que privan de libertad al individuo en todos los aspectos”. Silveira se muestra a favor del cierre y si pide que se mejoren las condiciones de vida dentro de los CIE y que se respeten los derechos de los internos es simplemente “una postura garantista”. “Como el cierre no parece viable, al menos estaría bien una Ley Orgánica que los regule y que, de esa manera, haya un mayor control sobre lo que ocurre dentro”, explica Silveira. El marco legal existe y está recogido en la Ley de Extranjería española pero para Silviera, director adjunto del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos, “la policía actúa con absoluta discreccionalidad porque saben que nadie los fiscaliza”.

 Medidas de cáracter prioritario

Entre las medidas que ha propuesto CEAR al Ministerio del Interior, hay unas que son ineludiles. Las han denominado medidas prioritarias y consisten en aclarar cuando antes los casos de tortura citados en el informe; garantizar que todas las instalaciones estén sometidas a video-vigilancia; exigir el adecuado cumplimiento de los protocolos de traslado desde los CIE al aeropuerto y de expulsión; garantizar el acceso inmediato a atención médica ante la petición del interno y la existencia de lesiones.

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